El Distrito de Buenaventura se enfrenta a una de las peores crisis de los últimos años. El dolor que hoy expresan sus habitantes ante una nueva ola de violencia que no cesa y se extiende, dejando a su paso terror, pobreza y adver-sidad, contrasta con una resiliencia imparable que se niega a olvidar lo esencial: la esperanza de un futuro más digno y humano.
“El impacto que le causa a uno la forma como vive la gente en Buenaventura es tan vergonzoso, que uno no entiende cómo Colombia acepta una situación tan inhumana (…) Esto es salvaje, es inmoral, es contrario a la dignidad humana”, fue la frase con la que el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, dio inicio a una reu-nión en la que participaron autoridades del puerto y delegados de la comunidad internacional.
La Comisión hizo presencia durante dos días en Buenaventura, con el propósito de escuchar a sus habitantes sobre las causas de la persistencia de la violencia, de cara al informe final y a las recomendaciones que en perspectiva de no repetición deberá entregar al país a finales del 2021. “Buenaventura es hoy un símbolo de lo que está pasando en toda Colombia de una manera muy dolorosa”, afirmó De Roux.
El comisionado Leyner Palacios, quien acompañó el recorrido, lamentó la situación que padece una parte de la población e hizo un llamado a parar la violencia. “Lo primero que uno siente es impotencia y también, rabia e indignación. No se concibe que una población que vive alrededor de un puerto sea tan pobre y esté tan humillada. Es inconcebible escuchar que la gente no puede salir de su casa después de las 6 de la tarde porque la matan”.
UN RECORRIDO PARA ESCUCHAR
Hacia las 9 de la mañana del martes 16 de febrero, acudieron a la sede del Palenque Congal PCN de Buenaventura cerca de 15 líderes, representantes de organizaciones y sociedad civil para relatar, ante Francisco de Roux y Leyner Palacios, lo que ellos consideran como una reaparición del terror. Delegados de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), Fundescode, Pastoral Social y del paro cívico, contaron cómo desde el 30 de diciembre del año pasado, el miedo volvió a apoderarse de las comunidades ante constantes amenazas de parte de grupos armados ilegales. De la misma manera, afirmaron que hace poco más de dos semanas tuvieron que salir desplazadas unas 30 familias por la reaparición de bandas urbanas.
Sus relatos y peticiones coincidieron al demandar medidas de fondo y garantías de seguridad y no repetición frente a la estigmatización, los asesinatos, las desapariciones forzadas de líderes sociales y la violencia de género. “No queremos miradas de lástima, de pobres negros, sino soluciones y ojos para que vean la capacidad de resiliencia que tenemos”, aseguró uno de los promo-tores del paro.
Como parte de la agenda prevista, Francisco de Roux, el presidente de la Comisión de la Verdad, recorrió algunos barrios, entre ellos Juan XXIII, tal vez el más afectado por la violencia de los últimos meses, como consecuencia de la guerra entre bandas. De Roux escuchó a los habitantes, y de ellos los temores que tienen ante la inminente aparición de nuevas ´casas de pique’. No obstante, se declaró conmovido al ver las ban-deras blancas que colgaban de las ventanas de las casas como una expresión de resistencia y paz.
“Me he enterado de muchas cosas, he escuchado cómo vuelven, dolorosamente, los asesinatos, los crímenes espantosos que se vivieron con las casas de pique, la utilización de armas descomunalmente agresivas y de guerra”, advirtió. Por su parte, el comisionado Leyner Palacios rechazó la pasividad del país ante esta situación. “Nos preguntamos ¿dónde estamos los colombianos que permitimos que esto les pase a otros colombianos? Aquí hay una responsabilidad ética y moral. Fue decepcionante escuchar que los jóvenes viven en casas que no cuestan más de seis o siete millones de pesos, pero tienen fusiles y armas que cuestan 30 o 40 millones. Alguien les está dando esas armas”, denunció.
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